Por Alejandro Rivas 

Los choques entre el Ejecutivo y el Legislativo han llegado a su máxima tensión, en lo que vendría a ser la mayor crisis política desde la instauración de la institucionalidad democrática después del gobierno de Fujimori. Sin embargo, mal haríamos en pensar que se trata solo de una “crisis presidencial” o de un “proceso de vacancia”, hay suficientes razones para afirmar que se trata de una puesta en jaque de las instituciones democráticas por parte del fujimorismo. Pero, ¿por qué acusar al fujimorismo de fraguar un “golpe constitucional”?, ¿cómo valorar las cosas sin caer en apasionamientos ideológicos de algún tipo?, ¿qué elementos tenemos los ciudadanos para saber quiénes son los verdaderos enemigos de la democracia en este terrible entuerto?

En las siguientes líneas se acopia la información obtenida hasta el momento para ofrecer una valoración realista del problema, pero también, como es característico de este blog, haremos un breve análisis sobre las actitudes evangélicas de cara a la actual crisis.

1. La denuncia contra los magistrados del Tribunal Constitucional

La acusación constitucional, impulsada por el fujimorismo, con miras a destituir y sancionar a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), es algo complejo de explicar. Partamos de un hecho fundamental: actualmente el TC debe resolver un hábeas corpus que busca la liberación de Alberto Fujimori. Esto es importante porque cualquier alteración a la composición de los magistrados del TC podría alterar el resultado de ese caso. Cabe recordar que en el pasado este tipo de recursos ha sido denegado por el Tribunal.

Ahora bien, ¿por qué se está denunciando a los magistrados? Durante el gobierno de Alan García, se realizó una matanza en los penales de El Frontón. Esto originó un proceso contra los ex marinos implicados en la matanza. La discusión giraba en torno a si el presunto delito era de lesa humanidad. Si se decía que no, entonces el caso debía archivarse ya que habrían vencido los plazos para su denuncia; pero si se decía que sí, entonces era legal procesar a los ex marinos, ya que los delitos de lesa humanidad nunca prescriben. Fue el TC el encargado de resolver esta controversia a través de una sentencia en el 2013. El problema fue que la votación terminó en un empate, debiendo el presidente, el magistrado Vergara Gotelli, dirimir. No obstante, este magistrado entró en contradicción, ya que en la sentencia dijo estar a favor del pedido de los ex marinos en lo que concierne a la inexistencia de delitos de lesa humanidad, mientras que en un fundamento de voto, anexo a la sentencia, señaló lo contrario. Pese a los pedidos de aclaración y de nulidad en este controvertido fallo, el TC nunca se pronunció (para ampliar la información dar click aquí).

Esto hizo que, en el 2017, el TC, integrado esta vez por siete magistrados, aclarara la cuestión. La decisión final fue la de indicar que el caso El Frontón sí era un caso de lesa humanidad, por lo que este debía reabrirse. Es precisamente a raíz de esta decisión que el fujimorismo acuso constitucionalmente a cuatro de los magistrados por supuestamente haber modificado arbitrariamente la sentencia del 2013. Algo que, como ya se explicó, no fue así, dado que estos magistrados lo único que hicieron fue decidir sobre una materia que nunca había quedado clara y en uso de sus atribuciones.

Pese a ello, la Comisión Permanente del Congreso aprobó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue a los cuatro magistrados del TC. Afortunadamente, el lunes pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución ordenando al Estado peruano que suspenda inmediatamente el procedimiento de acusación constitucional seguido contra los magistrados.

2. La acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación

Las consecuencias de una acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación son las mismas que las seguidas contra los magistrados del TC: suspensión, destitución o inhabilitación (artículo 89 del Reglamento del Congreso).

El hecho es que, poco después de que la Fiscalía reabriera el caso del fujimorista Joaquín Ramírez por lavado de activos (investigación que también incluye a Keiko Fujimori), el congresista fujimorista Daniel Salaverry presentó una denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. ¿La razón? Por no querer investigar a las empresas peruanas socias de Odebrecht, solicitando así su destitución e inhabilitación (acusación que ya no tiene lugar, pues la Fiscalía ya ordenó la prisión preventiva contra los dueños de cuatro empresas socias de Odebrecht).

Posteriormente, Yeni Vilcatoma presentó otra denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación. Curiosamente, esta denuncia se realiza un día antes de las ya anunciadas declaraciones de Marcelo Odebrecht  en Curitiva, en las cuales este señaló que se financió la campaña de Fuerza Popular. Para Vilcatoma, la razón principal de la denuncia es la designación de Hamilton Castro como fiscal encargado de la investigación, cuestionando la idoneidad de este fiscal en la lucha contra la corrupción. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, compuesta mayoritariamente por congresistas fujimoristas, aprobó admitir a trámite las dos denuncias contra el Fiscal de la Nación.

Cabe decir que estas dos denuncias del fujimorismo no han tenido el respaldo de las otras bancadas y sido abiertamente rechazada por el Defensor del Pueblo , la Pontifica Universidad Católica del Perú, el Instituto de Defensa Legal, entre otras instituciones. Y es que ambas denuncias carecen de sustento legal. La primera de ellas únicamente denunciaba la demora sobre la base de artículos periodísticos (ni siquiera se habían quebrantado los plazos legales); mientras que la denuncia de Vilcatoma solo atacaba competencias legítimas que la ley confieren al Ministerio Público.

Lo cierto es que, de destituirse al Fiscal de la Nación, todas las investigaciones -no solo las que afectan al fujimorismo-, corren el riesgo de retrasarse.

3. PPK contra las cuerdas: la vacancia presidencial

Se pretende vacar a PPK por “permanente incapacidad moral” (artículo 113.2 de la Constitución). Puesto que es esta una causal bastante abierta y que podría prestarse a intereses políticos malhadados, debemos partir de la premisa de la necesidad de probar la existencia de dos cosas: a) una conducta inmoral (no un delito) y b) que dicha conducta impida garantizar que el presidente pueda ejercer su cargo en línea con los principios democráticos. No bastan los votos, sino que deben existir razones para no afectar el derecho humano al debido proceso. Ahora bien, ¿PPK debe ser vacado?

Está comprobado, y ha sido admitido por PPK, que durante la época en que este fue ministro y funcionario público (2004 -2006), Odebrecht transfirió dinero a West Capital ($ 782 000), empresa cuyo único propietario era PPK, todo ello en el marco de licitaciones ganadas por Odebrecht ante el Estado peruano para la construcción de la carretera interoceánica y el proyecto “Olmos”.

En sus recientes declaraciones al panel de periodistas PPK ha dicho en su defensa que no sabía nada sobre la actividad de su empresa (West Capital), pues se desvinculó de ella para dedicarse a la vida política, dejándolo todo en manos del gerente general. Esto explicaría por qué negaría en tres oportunidades sus vínculos con odebrecht: no es que mintió, sino que no sabía de las relaciones económicas entre ambas empresas y por eso dijo que no.

A mi juicio, desvincularse de una empresa multimillonaria que tiene negocios por toda América Latina y cuyo giro de negocio es realizar asesorías financiaras a empresas que licitan con el Estado es un acto irresponsable que podemos calificar de inmoral. Asimismo, cabe recordar que los destapes sobre Odebrecht son del 2014 y, sin embargo, PPK no hizo nada por averiguar de los contratos que tenían con su empresa. Esto desacredita profundamente al Presidente de la República pues ha incurrido en poderosos indicios de corrupción. La pregunta es si estas faltas morales son suficientes como para vacarlo.

Entramos aquí a una decisión que se presta a las subjetividades, pero que debe pasar por un análisis en el que deben sopesar los pro y contra de un presidente vinculado, si no intencionalmente, sí objetivamente, a Odebrecht. Una sanción por mera votación, sin expresión de argumentos para vacar, constituiría una violación al derecho humano al debido proceso. Lo que sí resulta paradójico es que sea una oposición mayoritaria, compuesta por personas que tienen igual o mayores faltas morales que PPK (recordemos la presencia de Luz Salgado en los vladivideos o las recientes evasiones tributarias de Daniel Salaverry) la que termine juzgándolo por cuestiones éticas.

4. “Por sus frutos los conoceréis”

Hemos hecho el recuento de algunas acusaciones y denuncias (en realidad, hay más acusaciones constitucionales impulsadas por el fujimorismo) con las cuales el fujimorismo busca sacar del cargo a diversas autoridades políticas en conflicto con sus propios intereses partidarios (aunque también se han involucrado instituciones privadas, como la denuncia hecha por Keiko al diario El Comercio por difundir las declaraciones de Odebrecht sobre la financiación de la campaña de Fuerza Popular en las últimas elecciones). Es evidente que hay un agresivo estilo de hacer política que, valiéndose de su mayoría congresal y de los mecanismos legales disponibles, busca amedrentar, obstaculizar o destituir a aquellos actores e instituciones que empiezan a investigar el fujimorismo o se oponen a sus intereses. La pregunta es si los peruanos estamos dispuestos a tolerar este tipo de hacer política.

5. ¿Qué opinan los evangélicos de todo esto?

Eso depende del sector del evangelicalismo del que estamos hablando. Sin embargo, tengo la impresión de que el mundo evangélico, al igual que el resto de la ciudadanía, está más informado y preocupado sobre el tema de la vacancia presidencial, que con relación a los intentos del fujimorismo por entorpecer el rol de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional, entre otras maniobras políticas.

Más allá de ello, creo poder identificar tres opiniones distintas. La primera, de parte de sectores que ya desde hace tiempo están buscando la vacancia de PPK, no tanto por la cuestiones relacionadas con la corrupción como por su respaldo a la denominada “ideología de género”. Recordemos, si no, que Christian Rosas y el congresista Guía Pianto apelaron a la vacancia a partir de la controversia sobre el currículo educativo, y que, en el reciente debate para admitir la vacancia contra PPK, Julio Rosas justificó la vacancia por la imposición de dicha ideología. 

La segunda es, a mi modo de ver, la postura mayoritaria, aquella que apela a la neutralidad y a la espera prudente de los acontecimientos. La Alianza Cristiana Misionera ha emitido un comunicado animando a la oración y convocando a la unidad del país. Por su parte, la Iglesia Metodista, en ese mismo espíritu, publicó un pronunciamiento, manifestándose en contra de la corrupción y haciendo un llamado a conservar la esperanza.

Una tercera postura, la más minoritaria –con la cual nos identificamos-, está muy de acuerdo con las exhortaciones a la oración, unidad y esperanza de la segunda postura, pero ciertamente busca trascenderla. Esta busca tomar partido frente a la crisis política, reconociendo que si bien PPK ha incurrido en actos que justifican la investigación por corrupción, existe una deliberada intención del fujimorismo por abusar de su poder, valiéndose para ello de los mecanismos legales e institucionales existentes. La participación de algunos jóvenes integrantes de la Red de Juventudes Cristianas en la última marcha organizada por el colectivo No a Keiko da cuenta de ello.

Considero importante que los y las creyentes, al mismo tiempo que las instituciones eclesiales, empiecen a adoptar posturas que salgan cada vez más de la neutralidad, intentando conservar el espíritu de unidad frente a la crisis. La prudencia de parte de la institucionalidad eclesiástica es necesaria para conservar la separación Iglesia-Estado y no exponer a la comunidad creyente a cualquier interés ideológico. Sin embargo, nada impide que la Iglesia, conjuntamente con aliados civiles u organizaciones para-eclesiásticas, diseñe espacios para dilucidar los hechos políticos, identifique responsables y adopte una postura clara a favor de la justicia y la dignidad humanas. Si bien la participación institucionalizada siempre estará sujeta a riesgos, nada impide que las iglesias promuevan o, por lo menos, confieran libertad a sus feligreses a que, en ejercicio de su participación ciudadana, participen informada y autónomamente en las iniciativas que pretenden denunciar la injusticia en tiempos de crisis, conforme a la palabra que dice: “No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas” (Efesios 5:11). Ello plantea un nuevo desafío: que las iglesias empiecen a crear espacios y mecanismos para generar un discurso político responsable que no se conforme con el silencio ante el status quo.